Respuestas sociales, jurídicas y educativas ante el cannabis

Existen corrientes normalizadoras que piden cada día con más urgencia superar tanto prohibicionismo dentro de una política y un compromiso social más humano y más justo. Pero parece que asistimos también a no poca banalización del consumo de esas sustancias que llamamos drogas, sobre todo entre la población más joven, con unas consecuencias impredecibles a largo plazo. Son razones de más que invitan a retomar la cuestión del cannabis, pues se trata de una sustancia que se mueve en la cuerda floja entre la prohibición y la tolerancia del consumo.

Respuestas sociales, jurídicas y
educativas ante el cannabis*

Amando Vega**

Existen corrientes normalizadoras que piden cada día con más urgencia superar tanto prohibicionismo dentro de una política y un compromiso social más humano y más justo. Pero parece que asistimos también a no poca banalización del consumo de esas sustancias que llamamos drogas, sobre todo entre la población más joven, con unas consecuencias impredecibles a largo plazo. Son razones de más que invitan a retomar la cuestión del cannabis, pues se trata de una sustancia que se mueve en la cuerda floja entre la prohibición y la tolerancia del consumo.

La cuestión del cannabis hace tiempo que preocupa en el País Vasco, como se puede ver en la documentación generada desde que se extendió el consumo del cannabis y otras drogas. Esta preocupación ha llevado a que diferentes profesionales se hayan reunido en varias ocasiones para debatir sobre la cuestión del cannabis y sus exigencias.

En los días 22 y 23 de abril 2004 se desarrolló el primer encuentro de reflexión y debate sobre las respuestas sociales, jurídicas y legislativas existentes en este momento, organizado en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati (Guipúzcoa), coordinado por Iñaki Markez y Xabier Arana, patrocinado por la Dirección de Drogodependencias del Gobierno Vasco, el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra y el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati.

En esos días de intenso trabajo, se presentaron diferentes trabajos sobre los aspectos sociales y los usos del cannabis a lo largo de la historia, la farmacología de los cannabinoides, la utilización terapéutica del cannabis y los usos problemáticos del cannabis. En cuanto a los aspectos jurídicos se planteó el tema de las legislaciones comparadas en Europa, las brechas legales en la prohibición del cannabis, las actitudes internacionales ante esta droga y sus aplicaciones en la Unión Europea, la aparición de nuevas políticas de intervención en Europa, y las políticas públicas ante el consumo prolongado de cannabis".

Se presentaron también trabajos sobre la política en la Comunidad Autónoma Vasca respecto al cannabis, la situación del cannabis en Navarra y la estrategia andaluza ante el cannabis. Por otra parte, asociaciones de consumidores presentaron sus propuestas como el programa de intervención G2005 para la normalización e integración de los usuarios de cannabis en la sociedad vasca o una propuesta de regulación legal en España. También se plantearon los interrogantes que de la prevención ante los usos regularizados del cannabis y las exigencias de un trabajo educativo comprometido.

Tras las exposiciones y debates, se elaboró un breve informe con las diferentes reflexiones desarrolladas "a modo de conclusiones" con la intención de seguir debatiendo sobre esta cuestión. En este documento se recogen diferentes aspectos como los históricos, los farmacológicos, etcétera, que no conviene olvidar si se pretende disponer de una visión amplia de una cuestión controvertida como la del cannabis, a los que aquí se hará referencia breve en espera de su publicación.

El uso y también la prohibición del cannabis, se indica en este documento, se ha justificado por motivos de salud, concretamente de salud pública, concepto que no sólo tiene que ver con el bienestar de las personas sino con la salud del Estado, con su seguridad y la del pueblo. Sin embargo, desde hace tiempo, se viene cuestionando la política sobre drogas por especialistas en leyes, sociólogos, juristas, pedagogos, farmacólogos y sanitarios, con propuestas de alternativas a la actual política criminal sobre drogas e iniciativas constructivas para la normalización de los derivados del cannabis.

En cuanto a los aspectos farmacológicos, a medida que va creciendo nuestro conocimiento sobre el sistema cannabinoide, mayor es el potencial terapéutico definible científicamente de los cannabinoides --naturales o sintéticos-- usados de forma exclusiva o en combinación con otros fármacos.

Existe preocupación, por otra parte, ante las posiciones maniqueas que inducen a ser situados como legalizacionistas o como prohibicionistas. Se entiende, dentro de la diversidad de opiniones y orientaciones ideológicas, que, como en otros sectores de la sociedad, resulta necesario analizar desde una perspectiva científica y difundir los datos clínicos existentes que permitan obtener evidencias sobre los posibles beneficios de la utilización terapéutica del cannabis o sus derivados, sin dejar el debate sobre el uso lúdico de esta droga.

Preocupan, al mismo tiempo, los usos problemáticos del cannabis, pues los comportamientos compulsivos, repetidos, pueden adquirir formas autodestructoras, tema que exige más investigación. El consumo habitual del cannabis, con frecuencia mezclado con tabaco, puede provocar una patología respiratoria. Existe riesgo en estructuras de personalidad frágiles y en edades tempranas como la adolescencia, que deriven a consumos de drogas. En la literatura se relatan patologías duales, asociación de trastornos de personalidad por consumos crónicos de esta sustancia sobre todo en algunos sectores jóvenes más vulnerables.

Es evidente que el consumo de cannabis está aumentando en Europa en los últimos años. Como respuesta, mientras unos gobiernos parecen vacilar entre medidas represoras y alternativas a la prisión, otros han optado por la reducción de riesgos asociados con el uso de drogas y admiten que dicho uso es inevitable en las actuales sociedades.

En interesante resaltar en esta breve reseña del encuentro, las brechas legales contempladas en éste, dada su importancia para justificar la necesidad de un debate más abierto y comprometido con los derechos de las personas tales como:

o Los delitos de cannabis son delitos sin víctima, donde se persigue más una intención que una acción dañina, pues las explicaciones médicas, científicas, económicas, sociales o morales son insuficientes para atender la prohibición,
o Frente a los nuevos espacios de tolerancia, el ideario de las grandes instituciones encuentra apoyo en algunos investigadores cuya función es aportar coartadas para el mantenimiento o endurecimiento de la situación actual,
o Es probable que la evolución futura no pase por grandes cambios liberalizadores ni por espectaculares reformas legales. Tanto puede ser que se amplíen como que se disminuyan los espacios de tolerancia,
o Sólo manteniendo los prejuicios, el miedo y la desinformación, se mantienen los fundamentos ideológicos de la prohibición. Hay posiciones intermedias, de reformas parciales, que sí son factibles,
o La política de reducción de daños se está construyendo sobre pies de barro, lo que pone de manifiesto que la solución definitiva pasa por la adopción de otro modelo en materia de drogas, no centrado en la represión penal, que ponga el énfasis en la prevención de la demanda y en la asistencia de usuarios afectados y que impulse las bases para un consumo responsable.

Aumenta cada día la oposición a la represión prohibicionista a través del asociacionismo, incluso con plantaciones colectivas y sobre todo por medio de campañas a favor del cannabis: campañas por el derecho al autocultivo, desobediencia activa con iniciativas en los límites de la legalidad, organización de grupos de usuarios.

El traslado de competencias del nivel internacional al ámbito local es la llave para obtener un espacio orientado a nuevas políticas de intervención que deberán considerar cuatro elementos comunes: eficacia, derechos humanos, sostenibilidad y pragmatismo. El gran beneficio de una política de drogas basada en la regulación es que se puede levantar el precio a los productores como también bajar el precio a los consumidores, de forma que existirían ingresos significativos para que, en lugar de cárceles y agentes biológicos contra las plantas, se financien actividades de prevención dirigidas sobre todo a las edades de mayor vulnerabilidad.

Existen huecos en la ley y en su aplicación que hay que corregir desde los sectores sociales, políticos y profesionales, los jurídicos legislativos incluidos. El movimiento social también ha de posicionarse a favor de la prevención exigiendo que la educación para la salud no dependa de la voluntariedad de los educadores.

Hoy no es posible la legalización de modo global, pues el gran problema es confiar en gobiernos que están condicionados por presiones internacionales. Pero sí es posible que un grupo de países, con gobiernos más tolerantes y progresistas, puedan abrir en la onu ciertos espacios de tolerancia y libertad, incluso normalizando un nuevo discurso.

Los convenios internacionales con un discurso asentado en el prohibicionismo, no sólo es utilizado por los diferentes gobiernos sino que también ha calado en nuestros comportamientos. Existe algo parecido a un prohibicionismo personal inconsciente, sin darse uno cuenta de la propia participación en las políticas y medidas represivas. Muchas personas no saben que existe una alternativa intelectual al prohibicionismo.

Se entiende, en este sentido, que resulta básico cuidar el lenguaje para el nuevo discurso normalizador. Las medidas coercitivas, con personas más autónomas y formas, han resultado ineficaces para limitar la expansión del consumo de drogas. Sin embargo los expedientes, las sanciones administrativas por consumo o tenencia y las detenciones se multiplican afectando a muchos miles de personas.

El poder mediático de los discursos prohibicionistas, por otra parte, es enorme, tanto en el ámbito local como regional. Los partidos políticos raramente se posicionan y las propuestas en los parlamentos quedan en meras declaraciones formales. Mientras tanto, profesionales de la salud o del derecho, educadores y muchos jóvenes con un gran desconocimiento, no saben cómo actuar.

"Demasiada regulación jurídica", según declaraciones a la prensa de los organizadores, "para una sustancia a la que se ha impuesto una prohibición que dificulta la efectiva regulación, tal y como pudiera realizarse con otros productos farmacéuticos, dietéticos, industriales o cosméticos", y por ello consideran que "se dificulta su uso en campos donde su eficacia ya es conocida tiempo atrás". A pesar de las "trabas jurídicas y administrativas, son factibles algunas iniciativas incluso con la actual legislación".

Los debates han continuado en el grupo de trabajo, con reuniones posteriores, una en octubre de 2004 y otra en el mes de enero de este año 2005 para afinar las conclusiones definitivas, debate que se pretende esté abierto a todos los interesados, dada la importancia social de la normalización de la cuestión del cannabis. En esta última reunión participaron representantes de la Asociación de Cáncer de Mama de Vizcaya y presentaron sus demandas en relación con el cannabis.

Fruto de estos debates es el manifiesto que en breve se presentará a los medios de comunicación. Con este documento se pretende contribuir a la reflexión dentro de la sociedad, pues se entiende que el debate social e institucional es hoy imprescindible. Sólo desde el conocimiento de la realidad compleja de la cuestión del cannabis, se puede desarrollar iniciativas adecuadas para regular la actual situación en beneficio de todos los miembros de la sociedad.

Anexo
Manifiesto de Oñati

Bases para un consenso social sobre el fenómeno del
cannabis, en clave de normalización
(Enero 2005)

En los últimos años se aprecian cambios significativos respecto a la sustancia y a las personas consumidoras: aumento de los consumos, proliferación de información (revistas, tiendas especializadas, internet,...) para su cultivo, extensión de espacios tolerantes con el consumo y debate sobre su uso terapéutico. Todo ello contribuye a una percepción diferente de esta sustancia y de las personas que la consumen y a la necesidad de profundizar en un debate social sobre estas cuestiones, en clave de normalización, coherente con los principios de un Estado social y democrático de Derecho

El cannabis y sus derivados no van a desaparecer y es previsible que seguirán estando entre nosotros. Es fundamental aprender a convivir con este tipo de sustancias de una manera racional.

Las actuales políticas de drogas en materia de cannabis no han conseguido los objetivos marcados, tal como ha reconocido recientemente el Parlamento Europeo, respecto a la disminución de la oferta y de la demanda. Este tipo de políticas, en gran medida, están sirviendo para sancionar a una parte importante de los consumidores, sobre todo a los más jóvenes y a las personas más vulnerables.

Profesionales de diferentes campos (educación, prevención, sanidad, asistencial, derecho, información,...) y representantes de diversas asociaciones de personas usuarias (tanto de uso terapéutico como lúdico), preocupados por esta realidad, nos hemos reunido en varias ocasiones en los años 2004 y 2005 en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati (Gipuzkoa) para debatir sobre la cuestión del cannabis.

En estos encuentros, vimos la necesidad primordial de consensuar un documento de mínimos capaz de agrupar a personas, asociaciones, movimientos sociales, profesionales e instituciones que aboguen por políticas normalizadoras relativas al cannabis y sus derivados.

Un discurso diferente
Un nuevo discurso sobre las políticas en materia de cannabis, respetuoso con los derechos y las libertades de las personas, surge del análisis de la situación actual que debe tener en cuenta a las personas (edades, circunstancias vivenciales y emocionales, consumos,...) y a sus contextos sociales y culturales.

Un discurso alternativo al actualmente dominante sobre el cannabis pretende sustentarse en una información objetiva y en la búsqueda de nuevas estrategias de comunicación capaces de agrupar a sectores diferentes (usuarios, profesionales, instituciones). Es importante transmitir una información verídica y clara acerca de la sustancia, las personas consumidoras, los tipos de consumos y los contextos donde se llevan a cabo los mismos. Se debe dar una información creíble y acompañada de racionalidad.

La necesidad de un nuevo lenguaje consensuado que ayude a modificar la percepción social de la sustancia y de las personas consumidoras, sin estigmatizarlas, reconociendo sus derechos y responsabilidades, es uno de los pilares fundamentales para una política normalizadora respecto al cannabis y sus derivados.

Principios para un documento de mínimos
Respeto de los derechos de las personas consumidoras y no consumidoras y protección de los derechos de los colectivos más débiles y vulnerables, con especial atención a los derechos de los menores como personas en proceso de maduración.

El consumo y la tenencia para el consumo personal no deben estar sancionados. De igual modo, el cultivo para autoconsumo debería estar regulado para poder proteger la facultad de consumir de las personas adultas.

Una política normalizadora en materia de cannabis no va resolver todos los problemas relacionados con el cannabis, pero sí puede sentar las bases para que las cuestiones preventivas, sociales, educativas, sanitarias y de reducción de riesgos primen sobre las sancionadoras.

Profundizar en una política normalizadora respecto al cannabis y sus derivados, lejos de promover la inocuidad y la promoción de este tipo de sustancias, supone un importante acicate para la desaparición de los efectos secundarios de la actual política prohibicionista (adulteración, control social a las personas consumidoras, corrupción, el denominado blanqueo de dinero proveniente del tráfico ilícito,...) y para potenciar una actitud responsable ante el cannabis (que abarca desde el no uso hasta un uso responsable, entendido éste como una asunción de las consecuencias de ese uso, es decir, asumir los efectos sobre su salud y sobre las secuelas que pudiera dejar en su entorno), por parte de las personas consumidoras y por quienes intervienen en los diversos campos de este fenómeno social.

La política prohibicionista no puede ser un impedimento para el uso terapéutico del cannabis y sus derivados. En necesario eliminar cualquier tipo de impedimento, de cualquier tipo, que pudiera obstaculizar la profundización en los usos terapéuticos del cannabis y sus derivados. Estas sustancias deben ser investigadas como cualquier otra y deben de seguir el mismo proceso que otros productos, regulado en la ley del medicamento, para contrastar su capacidad terapéutica. Hasta la conclusión de ese proceso, es necesario legislar para dar respuesta a las demandas planteadas desde diversos colectivos de enfermos crónicos respecto al uso terapéutico del cannabis.

Las Administraciones públicas deben, no solo eliminar las trabas burocráticas y otras cuestiones que dificultan las investigaciones de los usos terapéuticos del cannabis, sino también fomentar la investigación en la promoción y financiación de ensayos clínicos, y en otros campos de actuación: prevención, educación, asistencia, etcétera.

Una política normalizadora en materia de cannabis no es sinónimo de promoción de las sustancias ni de ausencia de regulación. Se trata de crear un debate social para crear un consenso capaz de modificar los criterios actualmente predominantes por otros más coherentes con el Estado social y democrático de Derecho.

Nota
* Artículo publicado en la sección de Opinión de la página Web del Instituto para el Estudio de las Adicciones (IEA) en marzo de 2005. www.ieanet.com
** Profesor de la Universidad del País Vasco, Departamento de Didáctica y Organización Escolar.

 

 ¡Llámenos!

(55) 5008 1709


Calle Molinos núm. 20 Int. 8

Colonia Mixcoac
Delegación Benito Juárez. CP 03910
Ciudad de México. México

©2016 Liberaddictus AC

Search