El combate a la delincuencia suele tratarse como un tema de administración y procuración de justicia, aunque muchas de sus causas tienen que ver con trastornos u obstáculos para la salud, entendidos como los factores de riesgo que pueden inducir a la comisión de conductas antisociales.
Adicciones y seguridad ciudadana
Cristóbal Ruiz Gaytán López*
Es un hecho que muchas conductas delictivas se originan por problemas de salud. El alcoholismo y otras adicciones son factores determinantes de enfermedades y de situaciones de inseguridad; por ello, los esfuerzos contra el consumo de sustancias adictivas forman parte de la lucha por la seguridad y contra la delincuencia.
El combate a la delincuencia suele tratarse como un tema de administración y procuración de justicia, aunque muchas de sus causas tienen que ver con trastornos u obstáculos para la salud, entendidos como los factores de riesgo que pueden inducir a la comisión de conductas antisociales.
Prueba de ello son las lesiones, intencionales o no, derivadas del abuso del alcohol que incide en dos de cada tres accidentes fatales de tránsito; de igual manera, afectan la vida familiar cuando las mujeres son víctimas de maltrato físico, emocional y/o sexual; además de que 57% de los primodelincuentes se encontraban bajo los efectos del alcohol al momento de cometer el delito.
La búsqueda de los mecanismos de convivencia social idóneos no ha sido sencilla. Juan Jacobo Rousseau ya escribía en 1762 sobre la necesidad de establecer un pacto o contrato social entre los individuos, cuyo objetivo fuera: "Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí misma y permanezca tan libre como antes..."
La edificación de ese espacio común pasa por crear un ambiente que dé seguridad y certeza para los actores sociales, mediante la renuncia al uso de la fuerza, la cual se deposita legalmente en el Estado, así surge el concepto de seguridad.
La seguridad está constituida por varios niveles y tiene diferentes connotaciones: seguridad nacional, seguridad social, seguridad vial, seguridad pública y seguridad personal.
Las orientaciones de la seguridad son el espacio general para mantener ambientes seguros, territorios libres de peligro, personas o casas sin daños o condiciones que permitan recuperar su situación previa después de sufrir ciertos quebrantos.
Es un hecho que el de las adicciones es uno de los problemas de salud pública más complejos que enfrenta la sociedad contemporánea y, por tanto, un enorme reto que demanda repuestas integrales.
Por su alcance global y sus efectos adversos en el desarrollo de los países y los Estados, las adicciones exigen de los gobiernos políticas públicas claras y consistentes, con objetivos de largo plazo que incorporen la participación activa de la sociedad civil organizada.
La sociedad mexicana posee características culturales y sociales que le han permitido atemperar el impacto de la creciente disponibilidad internacional de drogas. Los valores que todavía sostienen nuestras familias constituyen un valladar ante los riesgos y preservan, pese a todo, las tradiciones que unen a la mayoría de los hogares mexicanos.
Hago referencia a este punto porque las noticias de las últimas semanas y la justificada preocupación de la opinión pública ante la seguridad pública y la delincuencia organizada, nos están llevando, como país, a una profunda reflexión sobre el acontecer de nuestra sociedad, la vigencia de sus estructuras y la dinámica social no exenta de contradicciones que vivimos.
Hoy más que ayer estamos pendientes de estos fenómenos y sus efectos en la cohesión y la paz social, ingredientes esenciales del desarrollo de las familias, de las comunidades y de cualquier país.
Los pesimistas nos dirían que se encuentra en riesgo la estabilidad de nuestra sociedad, pero un análisis objetivo nos permite percibir que la inmensa mayoría de los mexicanos, de nuestros niños y niñas, de nuestras familias y de nuestras comunidades, se sostienen todavía en profundos valores de respeto, de anhelos de progreso y de paz social.
En este mundo de rápida globalización, las drogas no conocen fronteras. No se restringen a ninguna clase social ni son exclusivas de alguna región.
Son un problema de salud con asombrosos costos económicos y sociales. Muchos de los flagelos que padece nuestra sociedad son consecuencia del tráfico de drogas y éste, a su vez, del consumo.
La violencia es una faceta más de este fenómeno. La violencia contra las autoridades, la violencia entre traficantes de distintas bandas, los crímenes cometidos por adictos para sustentar su consumo, y la violencia en el hogar cuando muchas veces lleva a la familia a su desintegración. Pero sobre todo, existe violencia del adicto contra él mismo porque pone en práctica la destrucción de su cuerpo y de su mente; porque, en esencia, el abuso de drogas sigue siendo una tragedia personal. Afecta la salud y el bienestar del individuo y destruye su capacidad para hacer una contribución significativa al entorno social.
No hay soluciones fáciles para estos problemas tan difíciles.
Tenemos, por tanto, como padres de familia, como coadyuvantes de la dinámica social, como profesionales, como servidores públicos, la obligación moral de no permanecer pasivos ante estos grandes problemas, porque aún estamos a tiempo de afrontarlos y vencerlos.
Tenemos muchas formas de participar, especialmente para prevenir el abuso de drogas.
Por ello la importancia de contar por parte de los gobiernos, en sus tres órdenes, con programas y estrategias integrales e incluyentes que motiven la participación de todos los sectores sociales.
El consumo de estas sustancias adictivas se ha incrementado y continúa afectando a 180 millones de personas de distintas edades en todo el planeta. Resolver esta situación constituye un complejo desafío para todas las sociedades modernas.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Adicciones más reciente, en México existen 3.5 millones de personas entre los 12 y 65 años que han usado alguna droga ilegal por lo menos una vez en su vida; de éstos, casi 3 millones se ubican en las zonas urbanas y se estima que 570 mil personas consumen drogas ilícitas de manera regular.
No obstante, algunos indicadores señalan una baja perceptible en el consumo experimental de drogas entre 2000 y 2003. El ejemplo más claro es la población juvenil que cursa la educación media y media superior en la Ciudad de México, que presenta por primera vez un decremento en la incidencia del consumo de drogas de 4.2% a 3.6% en las mujeres, y de 3.3% a 3.2% en los hombres.
Datos recientes en estudiantes de la Ciudad de México permiten hacer un análisis diferenciado por sustancia, haciendo evidente que es grande el incremento en el consumo de marihuana; que el de los inhalables y tranquilizantes se mantiene estable, mientras que el uso de cocaína decrece ligeramente.
Al analizar las diferencias por género, se encontró que los niveles de consumo de las mujeres se han incrementado, en tanto que en los hombres se ha mantenido o ha disminuido ligeramente.
Debemos ubicar al fenómeno en su justa dimensión y enfatizar que en nuestras escuelas secundarias, más de 89 % de los estudiantes no ha consumido ninguna droga. Por ello debemos todos trabajar para fortalecer los valores y la unidad de la familia mediante la aplicación masiva de programas preventivos de probada eficacia.
En este contexto debemos destacar que el gobierno del presidente Vicente Fox asigna una alta prioridad a las acciones de salud pública dirigidas a amplios sectores de nuestra población, principalmente la juvenil, en particular a los ámbitos de la prevención, el tratamiento y la rehabilitación.
Estas tareas sólo tendrán éxito si se logran arraigar en el ámbito municipal que es el orden de gobierno más cercano a los problemas y a las soluciones, a la gente y sus organizaciones.
Frente al reto de contener el avance de las adicciones es fundamental trabajar, con toda la fuerza y el talento de los integrantes de la sociedad, en la unidad y con claridad de objetivos.
La prevención, el tratamiento y la rehabilitación son tareas nacionales. Son tareas de todos y a todos nos corresponde participar en esta lucha que atenta contra el bienestar común.
Como integrantes de una sociedad participativa y como servidores públicos de un gobierno democrático e incluyente, compartimos hoy la muy delicada responsabilidad de atacar de raíz el problema del consumo de drogas y sus consecuencias.
Si deseamos vivir en libertad, debemos abolir esta nueva forma de esclavitud, por eso hoy ratificamos el compromiso de alcanzar un México libre de adicciones.
México, D. F. octubre de 2005
Nota
* Secretario Técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones, (Conadic).