La ley del humo

El autor realiza un breve análisis de los aspectos socioeconómicos y sociopolíticos relacionados con la producción, comercialización y legislación del tabaco. Afirma que sólo en España más de veinte mil familias dependen de su cultivo y que el gobierno de Aznar recurrió a la subida de impuestos al tabaco y al alcohol para hacer frente al desequilibrio presupuestario. Se dan ejemplos de la situación de hipocresía que caracteriza al gobierno y sociedad estadounidense con relación a las drogas.

La ley del humo
Economía, derecho y tabaquismo en
la sociedad contemporánea

Xabier Arana Berástegui*

En la economía mundial, el tabaco mueve millones de pesetas. El sueldo de miles de personas depende directa o indirectamente de su venta. Alrededor de 18 millones de trabajadores del planeta están relacionados con la industria del tabaco; más de la mitad --once millones-- son agricultores.

Sólo en el España más de veinte mil familias, la mayoría de tierras extremeñas, dependen de su cultivo. Según describe Oriol Martí, el tabaco es un gran negocio por cultivarse en países denominados "periféricos", donde se compra la hoja a bajo costo, y tras una manipulación industrial, las compañías multinacionales consiguen beneficios sustanciales.

En 1979 el Estado español recaudó 32 mil 800 millones de pesetas en concepto de Impuesto Especial sobre el Tabaco e iva En el año 92, dichos impuestos llegaron a 320 mil 611 millones, y para el año 96 se tenían previsto 500 mil millones. El gobierno de Aznar manifestó la existencia de un agujero presupuestario correspondiente a ejercicios anteriores que superaba los 700 mil millones de pesetas, y recurrió a la subida de impuestos, entre otros del tabaco y del alcohol, para hacer frente al desequilibrio presupuestario.

En relación con el tabaco se están dando campañas de sensibilización con mensajes totalmente opuestos; de un lado, para potenciar su consumo, y de otro, con la intención de frenarlo. Este cruce de mensajes se caracteriza por una difusión desigual: la publicidad de promoción del tabaco cuenta con mayores recursos económicos y es más sugestiva (con frecuencia asociada a la aventura, la salud, el prestigio social) que las campañas de sensibilización realizadas por el entorno institucional, donde la credibilidad de las mismas, con excesiva frecuencia, queda en entredicho.

Desde inicios de los años sesenta, la postura de las multinacionales tabacaleras ha sido negar sistemáticamente los riesgos de su producto y defender el derecho a fumar. Presentaron los cigarrillos light como alternativa de salud, porque, según consta en las cajetillas, poseen menor cantidad de nicotina y alquitrán. Este remedio ha sido incorrecto porque, según muestra un documento interno de la Philip Morris en 1974, al fumar, la gente extrae más de los que predicen las máquinas, especialmente en el caso de los cigarrillos diluidos o lights. Otro recurso para simular una cantidad inferior de nicotina es poner un filtro de tamaño mayor y menos diámetro de grosor del cigarrillo. De esta manera, con la misma cantidad de nicotina y alquitrán en la fórmula, se presenta como una aparente menor cantidad por paquete.

El tabaco sigue siendo rentable para las multinacionales, pero no para la sanidad pública, que está empezando a resentir los costos sociales del tabaquismo. En este contexto, en Estados Unidos se está dando un fenómeno digno de analizar: En algunos estados como Florida y Misisipi se han promulgado leyes según las cuales, las empresas tabaqueras tienen asumir los gastos ocasionados por el tratamiento médico de los fumadores; además, empiezan a fallarse sentencias en contra de las tabacaleras.

Los industriales del cigarro han desarrollado diferentes estrategias para hacer frente a estos nuevos vientos. La compañía Ligger Group, fabricante de los cigarrillos Chesterfield, ha admitido que el tabaco crea adicción y produce cáncer, y está dispuesta a dar informes confidenciales a la administración americana a cambio de no ser llevada ante los tribunales. Las dos multinacionales del tabaco más fuertes --Philip Morris y Reynolds-- están negociando con la administración estadounidense un acuerdo para que cesen las demandas de exfumadores, enfermos de cáncer y las propias autoridades. Están dispuestas a pagar 42 billones de pesetas --casi la mitad del Producto Interior Bruto español-- y abandonar la publicidad de tabaco, a cambio de tres contrapartidas:

a) no sufrir ningún tipo de acoso en los tribunales;
b) que la administración permita la actual composición de sus cigarrillos--especialmente en lo relativo a los niveles de nicotina, sustancia que crea la adicción-- y
c) que la administración no catalogue la nicotina como droga.

Lo irritante de esta situación es la hipocresía de la sociedad estadunidense con relación a las drogas: mucha voces que se rasgan las vestiduras no normativizar el uso de sustancias ilegales, adoptan un discurso diferente con las drogas legales, y recurren a la protección de la libertad de expresión, de libre comercio y derecho de libre información para fomentar su consumo.

Como puede observarse, las multinacionales del tabaco aún tienen suficiente poder para hacer cambiar de opinión a la todopoderosa administración estadunidense.

Por desgracia, en el fenómeno social de las drogas se interponen los intereses económicos, condicionando los criterios científicos y colaborando decisivamente a proyectar una imagen de este fenómeno, muy alejado de la realidad.

*Instituto par el Estudio de las Adicciones

 

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